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La creciente ubicuidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha transformado radicalmente la sociedad, pero también ha abierto la puerta a un espectro de amenazas cibernéticas sin precedentes. Conscientes de esta dualidad, Venezuela, junto a Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, Nicaragua, Bielorrusia, Burkina Faso, Egipto, Irak, Kirguistán y Laos, ha unido sus voces para forjar una visión de seguridad digital centrada en el multilateralismo y la no injerencia.
La Convención de la ONU: Un Hito para la Persecución del Ciberdelito
El corazón de esta alianza reside en el apoyo irrestricto a la nueva Convención contra el Ciberdelito de las Naciones Unidas. Este tratado, impulsado por iniciativa de Rusia y negociado bajo la presidencia de Argelia, es un marco jurídico pionero que establece nuevas pautas para la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos informáticos. Un aspecto crucial de esta Convención es la facilitación del intercambio de evidencia digital en tiempo real, un factor decisivo en la lucha contra la delincuencia transnacional en el ciberespacio.
El grupo de naciones firmantes ha extendido una invitación formal a todos los Estados miembros para que suscriban este documento durante la ceremonia oficial prevista en Hanói en 2025. Además, han instado a trabajar en la elaboración de un protocolo adicional que aborde la compleja y evolutiva naturaleza de otros delitos habilitados por las tecnologías digitales.
Hacia un Mecanismo Permanente de Seguridad de las TICs
Más allá del respaldo a la Convención, la declaración conjunta eleva una demanda clave a la ONU: la creación de un Mecanismo Permanente de Seguridad de las TICs. Este nuevo organismo buscaría reemplazar al actual grupo de trabajo abierto sobre el uso pacífico de tecnologías de la información (2021-2025). El objetivo es claro: consolidar un marco institucional estable, basado en el consenso, para abordar los desafíos de la ciberseguridad desde una perspectiva de paz y estabilidad internacional.
Crítica a la Injerencia y Compromiso con la Soberanía
El documento no escatima en una crítica explícita al uso de las tecnologías de la información "con fines inconsistentes con el mantenimiento de la paz". Esto incluye la injerencia en asuntos internos de los Estados, la desestabilización política y la manipulación a través de redes satelitales de internet. Esta postura recalca la determinación de los firmantes en proteger la autodeterminación de las naciones y prevenir el uso malicioso de la tecnología para socavar la estabilidad y la soberanía.
Un diplomático latinoamericano consultado sobre el acuerdo subrayó la esencia de esta iniciativa: "La gobernanza global del ciberespacio no puede estar en manos de actores privados o potencias que imponen sus reglas unilaterales. Esta convención permite recuperar el control desde un enfoque soberano y multilateral".
La declaración conjunta también enfatiza la imperiosa necesidad de fortalecer la cooperación internacional y la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. Este enfoque busca potenciar las capacidades locales para prevenir y combatir eficazmente el delito informático, promoviendo una ciberseguridad global más equitativa y resiliente.
En definitiva, esta alianza estratégica marca un hito en la búsqueda de una seguridad digital basada en el multilateralismo, la no injerencia y el respeto a la legislación nacional de cada Estado. Es un llamado a construir un ciberespacio donde la confianza, la colaboración y la soberanía sean los pilares fundamentales para el progreso y la estabilidad global.
