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El Ministerio de Juventud e Infancia de España está preparando una norma legislativa sin precedentes para combatir la sobreexposición de menores en redes sociales, una práctica conocida como "sharenting". La ambición de la ley no es solo limitar, sino potencialmente prohibir o restringir drásticamente la publicación de imágenes de niños por parte de sus propios padres, a fin de proteger su identidad digital y seguridad física.
La ministra Sira Rego ha lanzado una consulta pública para impulsar esta regulación, que busca corregir el vacío legal que hoy permite a los progenitores construir una huella digital de sus hijos sin el consentimiento real de estos.
🚨 El Dato de Seguridad que Justifica la Restricción Total
La necesidad de una medida tan restrictiva se fundamenta en un dato alarmante revelado por el Ministerio, que trasciende la simple privacidad y se adentra en el ámbito de la explotación sexual infantil:
Un sobrecogedor 72% del material incautado a redes de pedofilia proviene de fotografías cotidianas y aparentemente inocentes subidas por los propios padres a sus redes sociales
Esta estadística convierte la práctica del sharenting en una falla crítica de seguridad que alimenta activamente la cadena de violencia digital contra la infancia, justificando la intervención legislativa del Estado sobre la patria potestad en el entorno online.
🌐 Consecuencias Digitales y Emocionales
La ley abordará los profundos riesgos a largo plazo que genera la exposición digital de los menores:
Violencia y Suplantación: La vasta cantidad de imágenes e información personal disponible facilita el ciberbullying, el grooming y la suplantación de identidad del menor, cuya vida está documentada públicamente desde la infancia.
Pérdida de Control: Una vez que una foto de un menor es publicada, los padres pierden completamente el control sobre ella, siendo susceptible de manipulación (incluyendo deepfakes) o de uso por algoritmos con fines comerciales.
Identidad Forzada: El sharenting impone una identidad digital inmodificable al niño sin que este pueda ejercer su derecho a la propia imagen o a la intimidad, generando potenciales conflictos emocionales y legales cuando alcance la mayoría de edad.
El Ministerio ha iniciado contactos con expertos, académicos y creadores de contenido para diseñar una norma que abarque tanto las publicaciones privadas como las publicaciones con fines comerciales o de lucro.
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La iniciativa española sienta un precedente a nivel europeo sobre la necesidad de que los gobiernos intervengan para proteger a la infancia de los riesgos que sus propios tutores, involuntariamente, generan en el ecosistema de las redes sociales.
